Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos:

APotestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del recurso extraordinario de revisión.BDirectamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del recurso extraordinario de revisión, previo anuncio de su interposición ante el superior jerárquico del órgano que los haya dictado.CPreceptivamente en reposición ante el órgano superior jerárquico del que los hubiera dictado y, si fuere desestimado, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del procedimiento que corresponda.DA elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del procedimiento que corresponda.

Los actos presuntos desestimatorios podrán ser recurridos en reposición:

AEn el plazo de quince días, a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por producido el acto presunto.BEn el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente en que se tenga por producido el acto presunto.CEn cualquier momento, a partir del día siguiente en que se tenga por producido el acto presunto.DEn el plazo de un mes, a partir del día de expedición del certificado acreditativo del silencio administrativo expedido por el órgano competente.

Además de la impugnación directa de un reglamento ilegal en vía contencioso-administrativa:

AEs posible la impugnación directa en vía administrativa mediante el recurso de reposición.BEs posible la impugnación directa en vía administrativa mediante la previa declaración de lesividad del reglamento.CEs posible la impugnación del reglamento cuando se impugne cualquier acto de ejecución del mismo en vía contencioso administrativa, fundada en que el reglamento es contrario a Derecho.DEs posible mediante el planteamiento de la cuestión de ilegalidad directa ante el Tribunal Constitucional.

Con arreglo al principio de inderogabilidad singular de las disposiciones administrativas, también llamado legem patere quam fecisti:

ALas resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.BNinguna disposición general administrativa puede vulnerar los preceptos de una disposición general de rango superior.CNinguna disposición general administrativa podrá vulnerar los preceptos de un reglamento de la Unión Europea.DNinguna disposición general administrativa podrá regular materias reservadas a la ley o la Unión Europea.

Un acto administrativo favorable al interesado que proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, podrá ser declarado lesivo para el interés público:

ACuando sea anulable por infringir el ordenamiento jurídico, mediante acuerdo que se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia antes de que hayan transcurrido cuatro años desde que se dictó.BCuando así lo aprecie la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia al conocer de un recurso.CLa declaración de lesividad se adoptará por el Consejo de Estado al emitir su preceptivo dictamen.DLa declaración de lesividad se adoptará por el órgano competente de cada Administración Pública, sin sometimiento a plazo cuando sea nulo de pleno derecho.

¿Cuándo un acto administrativo incurre en "desviación de poder"?:

ACuando su contenido es de imposible realización.BCuando supone el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.CCuando ha sido dictado por órgano manifiestamente incompetente o prescindiendo totalmente del procedimiento establecido para dictarlo.DCuando lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

¿Cuándo prescribe el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración?

AAl año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.BA los cinco años de declarado por el órgano competente el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.CAl año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la fecha en que se produjera el daño.DAl año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter material, el plazo empezará a computarse desde la evaluación de los daños producidos.

Si la Administración cometiere un error aritmético en un acto administrativo que beneficiara al administrado, ¿cómo podría rectificarlo?:

AEl plazo máximo para rectificar es de tres meses desde que se dictó el acto, de oficio o a instancia del interesado.BPara realizar la rectificación es necesario recabar el consentimiento del interesado afectado por el acto, dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto.CLa rectificación puede realizarse a instancia de los interesados o de oficio, en cualquier momento.DPara realizar la rectificación es necesario obtener previamente un dictamen favorable del Consejo de Estado.

Si la Administración pretendiere revocar un acto desfavorable o de gravamen para el interesado:

APuede hacerlo en cualquier momento, siempre que no fuere contraria al interés público, notificándolo al interesado.BPuede hacerlo en cualquier momento mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, previo dictamen favorable del Consejo de Estado.CPuede hacerlo en cualquier momento mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes.DTodas las anteriores son incorrectas.

¿Qué daños serán indemnizables en caso de responsabilidad patrimonial si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea?

ALos daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.BLos daños producidos en el plazo de los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.CLos daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha en la que se dicte la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley, o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.DLos daños producidos en el plazo de los diez años anteriores a la fecha en la que se dicte la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley, o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que hayan prescrito con anterioridad.

Las Administraciones Públicas podrán iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando:

AEl órgano que inicie el procedimiento sea de carácter territorial.BSe haya formulado una solicitud previa por un interesado.CSe haya declarado así en un dictamen del Consejo de Estado.DNo haya prescrito el derecho a la reclamación de los posibles interesados.

Contra el acto administrativo expreso que no ponga fin a la vía administrativa el interesado podrá interponer el recurso de alzada:

AEn el plazo de un mes, y se interpondrá ante el órgano que deba fiscalizar el cumplimiento de la resolución recurrida.BEn el plazo de quince días a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se interpondrá, necesariamente, ante el mismo órgano que dictó el acto.CEn el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que haya sido notificado. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo.DEn el plazo de un mes, contado a partir del día en que fue dictado. Se interpondrá ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó.

Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación presunta por silencio administrativo de una reclamación patrimonial:

ALa resolución del recurso deberá ser necesariamente estimatoria si no se ha dictado dentro del plazo de tres meses desde su interposición.BLa resolución del recurso deberá ser necesariamente estimatoria si no se ha notificado dentro del plazo de tres meses desde su interposición.CLa resolución del recurso podrá ser estimatoria o desestimatoria cualquiera que sea el momento en que se dicte.DLa resolución del recurso se entenderá siempre desestimatoria, aunque se hubiese incurrido en silencio administrativo al dictar aquella.

Podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública:

ACualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por la ley.BEl Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.CEn los casos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, únicamente estará legitimada la persona acosada, y no los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas para la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.DTodas las respuestas anteriores son correctas.

La representación en un proceso contencioso-administrativo deberá ser conferida:

AEn todo caso a un procurador de los tribunales.BA un procurador de los tribunales, salvo que el interesado prefiera comparecer por sí mismo.CA un abogado o a un procurador de los tribunales, a elección del interesado, cuando la demanda se interponga ante un juzgado de dicha jurisdicción.DA una persona física con capacidad de obrar o a una persona jurídica, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

Al escrito que inicia el recurso contencioso-administrativo le deben acompañar una serie de documentos, entre los que están:

AEl que acredite haber cumplido los requisitos para poder entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a sus normas o estatutos.BEl que acredite la representación del compareciente.CLa copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicar el expediente en que haya recaído el acto o bien el periódico oficial en que dicha disposición se haya publicado.DTodos los anteriores son correctos.

Se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo sin necesidad de previo recurso administrativo:

AContra un acto administrativo firme y definitivo.BContra un acto administrativo de trámite, que cause indefensión.CContra un acto administrativo dictado por una Administración Pública cuando la recurrente sea otra Administración Pública.DContra un acto administrativo que tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas.

La cuantía de un recurso contencioso-administrativo vendrá determinada:

ACuando existan varios demandantes, por el valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.BPor la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.CCuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de estos fuera de importe superior a aquel.DTodas las respuestas anteriores son ciertas.

Si el juzgado o tribunal inadmitiere un recurso contencioso-administrativo por falta de jurisdicción o de competencia:

AEl demandante deberá presentar, en todo caso, una nueva demanda en el órgano que estime competente.BSi la inadmisión es por falta de jurisdicción, el demandante tiene el plazo de un mes para personarse ante el orden jurisdiccional que el auto de inadmisión haya señalado como competente.CSi la inadmisión es por falta de competencia, el demandante tendrá que interponer su demanda ante el órgano que el auto de inadmisión haya estimado competente.DEl auto de inadmisión no es recurrible, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar una nueva demanda.

La extensión de los efectos de una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa podrá solicitarse:

ACuando la sentencia resuelva un recurso en materia de dominio público o urbanístico.BCuando la sentencia resuelva un recurso en materia tributaria o de personal al servicio de la Administración Pública.CCuando la sentencia resuelva un recurso en materia de expropiación forzosa o propiedades especiales.DCuando la sentencia resuelva un recurso en materia de obras públicas del Estado y contratación administrativa.

La ejecución de las sentencias dictadas por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa corresponderá:

AAl juzgado o tribunal que haya dictado la sentencia a ejecutar.BAl juzgado o tribunal que haya dictado la sentencia en primera o única instancia.CAl órgano de la Administración que haya dictado el acto recurrido.DAl órgano de la Administración que haya resuelto el recurso de alzada o reposición previo al recurso contencioso administrativo.

En el caso de que la Administración fuese condenada al pago de una cantidad líquida:

AAcordará el pago con cargo al crédito presupuestario correspondiente, si fuese suficiente.BSi el crédito no fuese suficiente, deberá solicitar una modificación presupuestaria que deberá estar concluida en el plazo de un año desde la notificación de la sentencia.CAcordará el pago con cargo al crédito presupuestario correspondiente, que tendrá carácter ampliable.DPodrá negarse al cumplimiento de la sentencia si el pago supusiera un trastorno grave a la Hacienda pública, poniéndolo en conocimiento del tribunal.

Las medidas cautelares en un procedimiento contencioso-administrativo:

APodrán solicitarse solo en la demanda por medio de otrosí.BPodrán modificarse o revocarse en razón al avance que vaya haciendo el proceso principal.CPodrán denegarse cuando de las medidas puedan provocar una perturbación grave de los intereses generales o de tercero.DNo podrá exigirse garantía o caución a quien propone la medida cautelar, pero responderá de los daños y perjuicios que provoque.

Admitido en ambos efectos un recurso de apelación en un procedimiento contencioso-administrativo:

ANo podrá pedirse la ejecución provisional de la sentencia.BPodrán solicitarse o prorrogarse las medidas cautelares procedentes.CEl efecto devolutivo es uno de los efectos implícitos en el recurso de apelación.DLa Administración condenada en la sentencia de instancia deberá devolver o consignar las cantidades indebidamente cobradas.

La condena en costas se impondrá:

AEn primera y única instancia, a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, en todo caso.BEn primera y única instancia, a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal estime que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.CEn primera y única instancia, al Ministerio Fiscal cuando haya visto rechazadas todas sus pretensiones.DEn primera y única instancia, a la parte que haya sostenido su acción con evidente mala fe o temeridad.

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Test de Derecho Administrativo — 2019, 1ª Conv.

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