Test de Derecho Administrativo — 2020, 2ª Conv.

Antonia reclamó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una indemnización de 30.000 € en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños que le ocasionó una actuación de ese departamento ministerial. Han transcurrido más de seis meses desde que la presentó en el registro del referido Ministerio sin que haya obtenido respuesta expresa. Ante esta situación, acude a su Abogado para que le indique qué puede hacer. Marque la respuesta correcta:

Iago fue sancionado por la comisión de una infracción leve de las previstas en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, a una multa de 200 € contra la que interpuso recurso de alzada, habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto para su resolución sin que la Administración haya resuelto expresamente el recurso. ¿Desde cuándo se entiende que comienza el plazo de prescripción de la sanción impuesta?

Alazne, vecina del Ayuntamiento de Barakaldo, quiere impugnar la Ordenanza municipal de limpieza viaria adoptada por el Pleno de ese Ayuntamiento, al considerar que es contraria a lo dispuesto en una Ley. ¿Qué recurso debe interponer?

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha inició de oficio un procedimiento sancionador a Monserrat por la presunta comisión de una infracción grave de las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Habiendo transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento previsto en dicha Ley, la Administración autonómica no ha dictado resolución expresa. Indique qué efectos produce la falta de resolución expresa.

Carmen fue sancionada por resolución del Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía a una multa de 300 €. ¿Cuándo será ejecutiva dicha sanción?

El apartado 1 del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contiene una relación de actos administrativos que, necesariamente, deben ser motivados por la Administración. Señale cuál de estos actos administrativos no está entre los previstos en aquella relación.

Jordi ostenta la condición de expropiado en un procedimiento de expropiación que está tramitando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con una finca rústica de su propiedad, para la construcción de una carretera. Durante la tramitación del procedimiento, Jordi transmite el dominio de la finca a Meritxell, mediante escritura pública de compraventa, poniéndose en conocimiento de la Administración el hecho de la transmisión. ¿Qué debe hacer en estos casos la Administración?

Un Ayuntamiento que no ostenta la condición de municipio de gran población giró a la empresa X una liquidación en concepto de impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en cuantía de 163.491,65 €, como consecuencia de una transmisión de terrenos efectuada en escritura pública. Disconforme la referida empresa con dicha liquidación y habiendo tomado la decisión de recurrirla, acude a un Abogado. ¿Qué recurso deberá interponer para impugnar la liquidación?

Ricardo no está conforme con la determinación del justiprecio que ha realizado el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en el seno de un procedimiento expropiatorio que ha tenido por objeto una finca de su propiedad, al entender que la valoración económica de la misma es superior a la fijada como justiprecio. ¿Qué puede hacer?

Finalizado el período de prueba en el seno de un recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento ordinario, el Juez de lo Contencioso-administrativo que está conociendo del mismo considera necesario que se practique una nueva diligencia de prueba. Indique la respuesta correcta.

La empresa X se presentó a una licitación convocada por el Ministerio de Defensa para la contratación de una obra pública, por el procedimiento de adjudicación abierto, y con valor estimado de 4.955.600 €. La Mesa de contratación resolvió excluir a dicha empresa del proceso de licitación. Frente a esa decisión, la Abogada de la empresa X se está planteando la posibilidad de interponer un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera.

El Subsecretario de Justicia, en el ejercicio de competencias propias, dictó resolución denegando la solicitud sobre reducción de jornada de trabajo formulada por Félix, funcionario de carrera del Ministerio. Disconforme con la referida resolución, Félix se plantea recurrirla. Indique cuál de las siguientes opciones de impugnación es la procedente.

Carmen, Abogada, interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona en relación con una resolución municipal que reclamó a su cliente el abono de 12.500 € en concepto de liquidación de un impuesto municipal. Dicho recurso fue desestimado por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administativo no 2 de Cáceres. ¿Qué puede hacer?

Fernando quiere recurrir una resolución adoptada por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, aplicó las previsiones contenidas en una disposición general adoptada en su día por el Consejo de Gobierno de la referida Comunidad Autónoma. Consulta a su Abogado sobre qué puede hacer para recurrir dicho acto de aplicación. Indique la respuesta correcta:

Esther dirigió una solicitud de ayuda sanitaria a la Administración en la que hizo constar su nombre y apellidos, el lugar físico donde quería que se practicara la notificación y el órgano al que se dirigía la misma. En dicha resolución no especificó ni los hechos en que se basaba su solicitud ni las razones que la sustentaban. ¿Qué deberá hacer la Administración con esa solicitud?

Isidro, funcionario municipal, interpuso recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid que denegó su solicitud de que le fueran abonados 31.500 € por el desempeño de funciones de puesto de superior categoría durante los últimos tres años. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 13 de Madrid desestimó el recurso interpuesto. Contra esa sentencia, Isidro interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó la apelación, revocó la sentencia del Juzgado y estimó en su integridad el recurso contencioso-administrativo, ordenando a la Administración municipal a que abonara a Isidro la cantidad antes referida. Disconforme con dicha sentencia, el Letrado del Ayuntamiento promovió recurso de casación, que fue inadmitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Transcurridos más de tres meses desde que la sentencia firme fue comunicada al órgano municipal encargado de su cumplimiento, el Ayuntamiento de Las Rozas sigue sin pagar a Isidro la referida cantidad. ¿Qué puede hacer para conseguir que se le abone la cantidad que le reconoció la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

En el seno de un procedimiento contencioso-administrativo ordinario, el Abogado del Estado ha alegado dentro de los cinco primeros días del plazo para contestar a la demanda un motivo de inadmisibilidad del recurso consistente en haberse presentado el escrito inicial fuera del plazo legalmente establecido. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra ha desestimado, por auto, la concurrencia de dicha causa de inadmisibilidad. ¿Qué puede hacer el Abogado del Estado?

Iniciado el acto de la vista en un procedimiento abreviado, solo se ha personado ante el órgano judicial la parte recurrente. Comprobado que le fue notificado en debida forma al representante procesal de la Administración demandada el día y hora en que habría de celebrarse la vista, ¿qué puede hacer el órgano judicial?

Pilar interpuso demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino de España al considerar que la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón había vulnerado el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras admitir a trámite la demanda, dictó sentencia definitiva en la que consideró que, efectivamente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia había sido dictada en violación del artículo 6 del referido Convenio. Indique qué efectos puede desplegar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la del Tribunal Superior de Justicia antes referida.

En lo que se refiere al recurso de casación, indique cuál de los siguientes supuestos no goza de la presunción de existencia de interés casacional objetivo.

Gorka, policía integrante de la Ertzaintza, ha sido sancionado por la comisión de una falta grave. Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra dicha sanción disciplinaria, su Abogada ha solicitado en su escrito de demanda, mediante otrosí, el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo la práctica de prueba documental, al no estar conforme con los hechos que figuran en la resolución sancionadora. El Letrado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su escrito de contestación a la demanda, no ha solicitado el recibimiento del pleito a prueba y se ha opuesto, además, a la petición de la Abogada de Gorka, por considerar que los hechos sobre los que habrá de versar la prueba propuesta carecen de trascendencia para la resolución del pleito. ¿Qué deberá resolver el órgano judicial?

Macarena no está conforme con una resolución de liquidación de un tributo local dictada por el Ayuntamiento de Sevilla y contrata a un Abogado para impugnarla. Su Abogado, antes de interponer el recurso contencioso-administrativo, ha solicitado al órgano judicial que adopte una medida cautelar de suspension de la referida resolución sin oír al Ayuntamiento. ¿Qué deberá hacer el órgano judicial respecto de dicha solicitud?

Si un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante considera que carece de competencia para conocer de un recurso ante él trabado, por estimar que su conocimiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ¿qué tipo de resolución judicial habrá de adoptar para declarar su incompetencia?

Juan, residente en el municipio de León, quiere recurrir la resolución de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, con sede en Santander, que desestimó su solicitud de ser indemnizado en cuantía de 20.000 €, en concepto de responsabilidad patrimonial, por los daños que sufrió un vehículo de su propiedad mientras transitaba por una carretera de esa Comunidad Autónoma. ¿Qué órgano judicial será el competente para conocer del recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución desestimatoria?

Mohammed es un ciudadano marroquí al que en su día se le concedió autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en nuestro país. Dentro de los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de esa autorización, solicitó su renovación, habiendo transcurrido más de tres meses sin que la Administración haya resuelto expresamente su solicitud. ¿Qué efectos producirá la falta de resolución expresa?