Test de Derecho Administrativo — 2022, 2ª Conv.

¿En qué casos puede la Administración acordar la adopción de medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento administrativo?

¿Cuándo podrá la Administración rechazar el desistimiento del interesado en un procedimiento iniciado a instancia de ese ciudadano?

Frente a una resolución firme en vía administrativa, contraria a los intereses de mi cliente, interpusimos dentro del plazo legal para ello recurso extraordinario de revisión al haber aparecido nuevos documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencian, a nuestro juicio, el error de la resolución Administrativa. Han pasado cuatro meses y no hemos recibido resolución expresa. ¿Qué deberíamos hacer?

¿Qué recurso cabe en vía administrativa frente a una disposición de carácter general?

En el ámbito de la Administración General del Estado, en los supuestos de procedimientos de responsabilidad patrimonial por la lesión en bienes y derechos consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no se tenga el deber jurídico de soportar, ¿quién será la autoridad u órgano competente para su resolución?

Uno de nuestros clientes ha recibido resolución por la que se acuerda la incoación de expediente sancionador y se acuerda la tramitación simplificada del procedimiento, dado que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve. ¿Puede nuestro cliente oponerse expresamente a la tramitación simplificada del procedimiento y con ello, forzar que se siga la tramitación ordinaria?

Ha recibido una notificación por Lexnet del Juzgado de lo contencioso-administrativo con un decreto que declara la caducidad del trámite para formalizar demanda, al haber transcurrido el plazo de veinte días sin presentarla. ¿Qué actuación debería llevar a cabo?

Tras haber formulado recurso contencioso-administrativo frente a la resolución que denegaba a nuestra cliente, funcionaria interina, la fijeza en el empleo en las mismas condiciones que el personal funcionario titular, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esta se declaró incompetente, remitiendo las actuaciones al Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo. Este Juzgado también entiende que no es competente y que debiera serlo la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ. ¿A qué órgano judicial corresponde resolver esta cuestión de competencia?

Hemos presentado recurso contencioso-administrativo a instancia de nuestro cliente acumulando dos pretensiones: a) la impugnación de una sanción de tráfico por exceso de velocidad; y b) la impugnación de la resolución que le denegaba el reconocimiento de un nuevo trienio como funcionario de carrera por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ante esta acumulación de acciones, que no se considera pertinente por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, ¿qué actuaciones llevará a cabo el órgano judicial?

Entre los asuntos de nuestro despacho tenemos las reclamaciones de diversos funcionarios que reclaman a la Administración el abono de un complemento por trabajo nocturno que entendemos les corresponde. En el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 1 de nuestra ciudad se siguen tres de estas demandas, todas con idénticos hechos y fundamentos jurídicos, por lo que hemos solicitado al Juzgado la acumulación de todas ellas. Sin embargo, el Juzgado ha dictado resolución denegándola. No conformes con esta decisión, ¿podemos recurrirla?

La autoridad gubernativa ha denegado a la Asociación ABC la petición de reunión en un lugar de tránsito público que había formulado al amparo de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. ¿De qué plazo disponemos para interponer recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial previsto para la vulneración de este derecho fundamental?

¿Quién de los siguientes carece de legitimación para actuar ante el orden contencioso-administrativo?

Nuestro cliente, titular de un taller mecánico, ha sido objeto de una sanción administrativa por parte de su Ayuntamiento imponiéndole una multa de 50.000 € y el cese de actividad por tiempo de cinco meses. Firme la resolución en vía administrativa nos planteamos interponer recurso contencioso-administrativo. ¿Necesitaremos para ello obligatoriamente la representación por Procurador y la asistencia letrada?

En el procedimiento contencioso-administrativo, ¿puede el Juez o Tribunal denegar el recibimiento del pleito a prueba si existe disconformidad en los hechos y las partes han solicitado tal recibimiento?

En el proceso contencioso-administrativo, ¿existe alguna especialidad en materia probatoria en el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado?

Tras haber obtenido como medida cautelar la suspensión de la resolución de la adjudicación de un contrato administrativo al que concurría nuestro cliente, previa prestación de la caución que fue exigida por el órgano judicial, se ha dictado sentencia alzándose ya la medida cautelar, por lo que hemos solicitado la devolución de la caución. El órgano judicial nos responde que no es posible pues cabe la posibilidad de que cualquiera de los otros empresarios que concurrían a la licitación reclamen una indemnización por los daños sufridos. ¿Qué plazo habrá de transcurrir para poder obtener la devolución?

¿Qué resolución declarará terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo tras el desistimiento del recurrente, antes de sentencia, con el consentimiento o sin la oposición del resto de partes y sin que se aprecie daño para el interés público?

El Tribunal Superior de Justicia ha dictado una sentencia desestimatoria en primera y única instancia en materia de sanción de la Ley (estatal) de ordenación de transportes terrestres (LOTT), impuesta por una Administración autonómica, siendo la cuantía del pleito de 167.000 €. En la demanda, usted alegó infracción de la LOTT, del principio de tipicidad y prescripción. ¿Cabe formular recurso de casación ante el Tribunal Supremo?

¿Es posible la extensión de efectos de una sentencia aún no firme, pero ejecutada provisionalmente?

Nuestro cliente ha obtenido una sentencia a su favor, frente a la Administración que le reconoce el derecho a percibir en concepto de complementos salariales no abonados una cantidad económica muy importante. La Administración ha recurrido la sentencia en apelación y nosotros hemos instado su ejecución provisional. La Administración se opone alegando que no procede la ejecución provisional pues ello supondría un trastorno grave a su Hacienda (se trata de un pequeño Ayuntamiento). ¿Tiene razón la Administración?

La Administración, a la hora de llevar a cabo la prestación de un servicio público, de su titularidad o competencia a la que viene obligada, podrá optar por su gestión a través de un empresario privado. Para ello será preciso:

En materia de expropiación forzosa, y conforme a la Ley de 16 de diciembre de 1954, en el caso de que proceda el derecho de reversión, es presupuesto para el mismo:

Nuestro cliente, una importante empresa del sector de la construcción, no está conforme con el anuncio de licitación de un determinado contrato administrativo, por lo que decidimos recurrirlo potestativamente a través del recurso especial en materia de contratación. La Administración ha dictado resolución desestimatoria, ¿cómo podríamos combatir la misma?

Desiré y sus tres hijos menores son titulares de una autorización de residencia por reagrupación familiar con el cónyuge de aquella, Omar, que ha fallecido recientemente. ¿En qué situación queda dicha autorización?

¿En cuál de los siguientes supuestos no es posible la revocación de los actos de aplicación de imposición de sanciones por parte de la Administración tributaria, cuando sea en beneficio del interesado?