Test de Materias Comunes — 2019, 2ª Conv.

El Letrado José se encargó profesionalmente del divorcio de Juan e Inés, según le solicitaron ambos. Para ello, redactó un convenio de divorcio, que se presentó en procedimiento de mutuo acuerdo por ambos cónyuges. Como parte del acuerdo, Inés pagó la minuta de honorarios de José. Dos años después de haberse dictado sentencia de divorcio, Inés acude al despacho de José al recibir una demanda judicial interpuesta por Juan para modificar las medidas acordadas en el convenio. ¿Puede José llevar el asunto a Inés y contestar la demanda?

El letrado Benigno contrata la colocación de una valla publicitaria iluminada delante del hospital provincial, ofreciendo sus servicios como abogado experto en reclamaciones por negligencias médicas y responsabilidad derivada de accidentes de circulación. ¿Es correcta la actuación de Benigno?

Antonio, abogado con una experiencia de más de 25 años, se está planteando ejercer de forma simultánea tanto la profesión de abogado como la de procurador. A tal fin, dirige consulta a su Colegio de Abogados al objeto de conocer si esto es posible. El Colegio de Abogados le responde:

Asier y Jon comparten despacho. Asier le consulta a Jon ciertos pormenores del asunto que el cliente Ibon le tiene encomendado, comentando una curiosa anécdota del cliente. Esa misma noche, Jon comenta en Facebook la anécdota, pero sin revelar datos personales ni identificar a las personas involucradas. Por casualidad, Ibon lo lee y, al sentirse aludido, pone los hechos en conocimiento del Colegio de Abogados. ¿Ha cometido alguna infracción deontológica Jon?

La letrada Elena defiende a un cliente inmerso en un procedimiento laboral por despido. En el transcurso de dicho procedimiento, Elena ha intercambiado emails con el abogado de la parte contraria. El cliente cambia de letrado y le exige copia de los mensajes. ¿Puede Elena reenviarle esos emails a su cliente?

Patricia, colegiada ejerciente, dirige escrito a su Colegio notificando el cambio de domicilio profesional. En el escrito comunica que, a partir de ahora, dicho domicilio lo constituirán las propias instalaciones colegiales sitas en el Palacio de Justicia, dado que cuentan con una sala de trabajo con ordenadores, impresora, fotocopiadora, Internet, etc., así como con despachos privados para poder recibir a los clientes. Patricia adeuda las cuotas colegiales de los últimos meses. ¿Qué le contestará el Colegio de Abogados?

Verónica y Sonia, son dos abogadas que llevan varios meses de negociación en un caso de divorcio, con numerosas llamadas, reuniones y correos electrónicos cruzados. Finalmente, el cliente de Sonia le comunica no estar de acuerdo con las propuestas de la parte contraria y le da instrucciones para que interponga la demanda de divorcio. En fase de contestación a la demanda, Verónica, para demostrar que las partes estaban negociando un acuerdo, aporta exclusivamente los correos electrónicos que ella remitió a Sonia junto con su escrito. ¿Es correcta la actuación de Verónica?

El abogado Sergio, incorporado como ejerciente al Colegio de Abogados de Toledo el 2 de abril de 2019, quiere votar en las elecciones a miembros de junta de gobierno de su Colegio, que han sido convocadas con fecha 1 de septiembre de 2019. ¿Puede Sergio votar en las elecciones conforme a lo que dispone el Estatuto General de la Abogacía Española?

El Estatuto General de la Abogacía constituye el marco normativo que regula la profesión de abogado. ¿Es posible que una norma con rango de ley de una Comunidad Autónoma, dictada en el marco de sus competencias, regule materias comprendidas en dicho Estatuto?

Sebastián y Agustín son socios de Seb-Agus Abogados, SLP, inscrita como tal en el Colegio de Abogados de Melilla. El despacho tiene asumida la defensa de Francisco, conocido de Agustín, en un procedimiento penal. Como consecuencia de esa relación, durante la instrucción ha sido Agustín quien ha estado presente en todas las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo, siendo también quien firmó el escrito de defensa. ¿Puede en el acto del juicio ejercitar la defensa Sebastián?

Antonio acaba de obtener el título profesional de abogado, por lo que presenta su solicitud de incorporación en el Colegio de Abogados de Ourense. ¿Quién y cómo deberá resolver dicha solicitud, según el Estatuto General de la Abogacía?

Marta, colegiada ejerciente, acepta que Juan, licenciado en derecho, trabaje para ella en su despacho, al objeto de -según las propias palabras de Juan- “adquirir la suficiente experiencia que me permita poder colegiarme y ejercer la profesión, sin necesidad de tener que superar la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado”. Tanta es la experiencia y práctica que adquiere Juan, que Marta no tiene inconveniente en enviarlo al Juzgado sustituyéndola en los asuntos de turno de oficio que ella tiene asignados, haciéndose pasar Juan por abogado integrado en el despacho de Marta. Ante esta actuación, ¿Tienen competencia los Colegios de Abogados en materia de intrusismo profesional?

Juan Luis acaba de aprobar la prueba de acceso a la profesión de abogado y decide presentar la documentación pertinente para su colegiación ante el Colegio de Abogados de Málaga. La Junta de Gobierno de dicho Colegio acuerda denegar la admisión de Juan Luis, fundamentando la decisión en el hecho de que, en el ámbito territorial del Colegio, la proporción entre abogados y población supera la ratio aconsejable según criterios objetivos, es decir, que hay más abogados en ejercicio de los necesarios. ¿Es correcta la decisión de la Junta de Gobierno?

Sergio, Antonio y Olivia se han colegiado y creado un despacho colectivo mediante una sociedad profesional, quedando encargado Antonio, como administrador solidario, de solicitar la inscripción en el registro colegial correspondiente. Como Antonio pospone indefinidamente la tarea, el Colegio, percatándose de que hay varios abogados con una misma dirección profesional, inicia el correspondiente expediente. Indique quién va a recibir el requerimiento colegial.

María suscribe un contrato con un despacho colectivo para prestar sus servicios de abogada por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral. En un momento dado, el Colegio de Abogados requiere al despacho colectivo para que aporte los contratos de colaboración y de trabajo que se hayan suscrito con otros abogados a fin de verificar que se ajustan al Estatuto General de la Abogacía. ¿Es ello posible?

En el caso anterior, María se plantea si tiene que darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la Mutualidad General de la Abogacía, para cubrir sus necesidades de prevención social. En el despacho colectivo le explican que:

El letrado Manuel quiere darse de baja en el RETA al llegar a la edad legal de jubilación y cobrar la pensión correspondiente, pero pretende continuar ejerciendo la abogacía, asegurándose en la Mutualidad. ¿Es posible?

El despacho Nerea y asociadas, con sede en Bilbao, que no realiza ningún tratamiento para el ejercicio de funciones públicas, no ha implantado las medidas de seguridad necesarias respecto a los datos personales de sus proveedores. ¿Cuál es la autoridad competente para sancionar esta infracción?

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) requiere al abogado José información sobre su cliente, la empresa Importaciones Kingston, SA, que es trascendente para el cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales. Una vez facilitada esa información al SEPBLAC, José se plantea avisar a su cliente de que está sometido a una inspección. Indique lo más correcto de las siguientes opciones:

El abogado Enrique asesora puntualmente a una empresa de servicios en relación con el despido de un trabajador por supuesta infracción disciplinaria muy grave. Una vez verificado el despido, Enrique, sin comentárselo a la empresa, se pone en contacto con el trabajador, acuerda con él ejercer su defensa y presenta en su nombre una demanda por despido improcedente. ¿Ha podido incurrir en alguna responsabilidad el citado letrado?

La abogada María Fernanda asesora a unos clientes en la compraventa de un inmueble y, como consecuencia de dicha labor, asume el encargo de satisfacer al vendedor la suma de 5.000 €, en concepto de arras, que le entregan sus clientes sin extender ningún recibo. Sin embargo, María Fernanda se gasta el dinero en la compra de un vehículo de segunda mano y, cuando sus clientes le reclaman que devuelva dicha suma, niega haberla recibido. ¿Ha podido incurrir en alguna responsabilidad?

Ignacio, Pelayo y Arturo constituyen una sociedad profesional y se adhieren, a título personal, al seguro de responsabilidad civil que tiene suscrito el Colegio de abogados. ¿Debe asegurarse también a la sociedad profesional?

La abogada Sonia se dedica a asesorar en materia inmobiliaria y, para ello, tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a responsabilidades de hasta 500.000 € por siniestro y un máximo anual de un millón de euros. Estando realizando labores de asesoramiento a un cliente, en una operación de más de dos millones de euros, el cliente le pregunta si tiene un seguro de responsabilidad civil y el importe de la cobertura por siniestro. ¿Tiene Sonia obligación de dar esa información al cliente, según el Código Deontológico?

Luisa recibe en su despacho a Carla, clienta que está interesada en presentar una demanda de paternidad contra los herederos de un importante empresario, ya fallecido, y que, según la prensa, tenía una fortuna calculada en más de 200 millones de euros. A la vista de la información, datos y pruebas que facilita, la demanda puede tener visos de éxito, pero Carla no tiene medios económicos para hacer frente a los honorarios profesionales. Es por ello por lo que le propone que se fijen los honorarios de Luisa en el quince por ciento de lo que perciba Carla de la herencia del que dice ser era su padre. ¿Es posible el acuerdo que propone Carla?

Disconforme con la minuta de honorarios que le pasa su letrado, la clienta Carmen, que no es abogada, acude al Colegio para solicitar el baremo orientador sobre honorarios que pueda existir en el indicado Colegio. Indique qué es lo que le contestará el Colegio:

El Abogado Alejandro recibe de una empresa de alimentación, Cárnicas Manolo, SRL, a la que asesora desde hace diez años, una suma de 100.000 € para ofrecimiento y pago de indemnizaciones a causa de una responsabilidad en que ha incurrido la empresa con diversos consumidores. Alejandro ingresa el dinero en la cuenta del despacho, registrando contablemente en sus libros que dicha suma ha sido depositada por Cárnicas Manolo, SRL. Tras quedar un sobrante de 18.000 €, obtiene autorización escrita del administrador de Cárnicas Manolo, SRL para que detraiga sus honorarios profesionales de dicha suma. Liquidados con una minuta de 15.000 €, Alejandro transfiere el sobrante (3.000 €) a Cárnicas Manolo, SRL. ¿Actuó correctamente el letrado?

Vicente recibe la visita de un inspector de Hacienda, quien le exige la exhibición de la contabilidad de su actividad como abogado en ejercicio, incluyendo toda aquella información necesaria para la exigencia de las obligaciones tributarias. Vicente le espeta al inspector que no se la puede facilitar pues, entre otros motivos, debe preservar el secreto profesional. ¿Es correcta esa aseveración?

El abogado Javier, que tiene pendiente de celebración una vista en el Juzgado de lo Penal de Segovia, recibe días antes una providencia notificando que, por haber cambiado de destino su titular, la magistrada Esther, el juicio se celebrará por Ernesto, Juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al estar la plaza vacante. ¿Puede Javier impugnar este nombramiento por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley?

La abogada Iratxe presenta un recurso de apelación contra una decisión del Juzgado de Instrucción de Ceuta, que el juzgado inadmite por entender que se formuló fuera de plazo. ¿Ante qué órgano y sección debería presentar Iratxe recurso de queja para que se tramite la apelación?

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid tramita una impugnación de una licencia urbanística concedida a la empresa Construcciones Villaviciosa, SL, por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, representando la abogada Elena a la citada sociedad. Por su parte, un Juzgado de Instrucción de Móstoles tramita unas diligencias penales por prevaricación, contra responsables del Ayuntamiento de Villaviciosa, por la concesión de la misma licencia litigiosa. Enterada de la existencia de las diligencias penales, la abogada Elena se pregunta si es posible plantear algún conflicto de competencia al juzgado de Móstoles y concluye que:

Mary, ciudadana británica con domicilio en Estepona, suscribe en el Reino Unido un seguro de vida con la empresa Canterbury Assurances, domiciliada en Canterbury, Inglaterra, cuyo beneficiario es su hijo John, residente en Londres. En un momento dado, surgen discrepancias con la compañía por el importe de la prima anual y le plantea a su abogada en España, Rosalía, si puede presentar una demanda ante los juzgados españoles. Rosalía le explica que:

En sede de casación civil, el abogado Francesc reitera, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, la solicitud de planteamiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de una cuestión prejudicial acerca de la interpretación de un Reglamento de la Unión Europea que es relevante para el caso. Dicha solicitud ya la planteó a los órganos de instancia, que la rechazaron. El Tribunal Supremo:

El joven Jokin es detenido por unos incidentes en Baracaldo durante una manifestación que acabó con daños. La policía le imputa un delito de desórdenes públicos y daños. Jokin informa a su abogada Arantxa que, durante la detención policial, fue sometido a diversas vejaciones y malos tratos por parte de la policía, para que confesara la infracción y delatara a otros posibles implicados. Jokin pregunta a Arantxa si es posible formular directamente una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español por vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Arantxa le explica que:

Joaquín, cliente de la abogada Estrella, ingresa en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alicante, por un delito de robo con fuerza en las cosas. Recurrido el auto de prisión ante la Audiencia Provincial, la sección correspondiente desestima el recurso el 25 de enero de 2019. Estrella presenta un recurso de amparo el 28 de febrero, a los 20 días de la notificación de esta última resolución, pero durante el trámite de admisión el Juzgado decide poner en libertad a Joaquín. ¿Examinará el Tribunal Constitucional si Joaquín fue privado de libertad indebidamente?

La Audiencia Provincial deniega al penado Benedicto, en resolución firme, la suspensión de la ejecución de la condena de un año de prisión que le había impuesto en sentencia. Su letrado, Bartolomé, presenta recurso de amparo para impedir que ingrese en prisión y pide a la Audiencia Provincial que suspenda el cumplimiento de la pena, para que el recurso no pierda su efectividad. ¿Es correcta la petición de Bartolomé a la Audiencia Provincial?

Lucía y José Luis han suscrito entre ellos un contrato de arrendamiento de vivienda y, en una de sus cláusulas, han pactado que, para cualquier controversia que se pueda suscitar en relación al cumplimiento e interpretación del contrato, las partes se someterán a arbitraje. ¿Es posible tal pacto?

Manuel y Guillermo suscriben un contrato de suministros en el que acuerdan, entre otras cosas, someter a mediación las controversias que pudiesen derivarse del contrato. Sin embargo, ante el incumplimiento de Manuel, Guillermo decide interponer una demanda ante los juzgados de Primera Instancia. ¿Qué actuación puede realizar el abogado de Manuel ante la demanda?

En un procedimiento civil, el Tribunal entiende que Teresa, abogada de la demandada, ha actuado conculcando las normas de la buena fe, por lo que le impone una multa. ¿De qué cuantía puede ser dicha multa?

Fernando, abogado de la parte demandada en un proceso civil, considera que existe una cuestión que, siendo distinta de la que constituye el objeto principal del pleito, guarda con éste una relación inmediata que puede tener influencia en el proceso, por lo que plantea una cuestión incidental de especial pronunciamiento. ¿Qué deberá hacer el Juez ante la cuestión planteada?

En un proceso civil, el Juez dicta Sentencia que, a criterio de Jaime, abogado de la demandante, contiene un concepto oscuro que impide su ejecución. Jaime solicita la aclaración de la Sentencia, pero el Juez por Auto resuelve que no es necesaria ninguna aclaración, por no haber conceptos oscuros en la misma. ¿Puede Jaime interponer recurso contra el Auto que deniega la aclaración?

Durante la práctica de la prueba en un juicio ante el Juzgado de Primera Instancia, se pone de manifiesto que uno de los documentos aportado por Miguel, el abogado del demandado, que fundamenta su pretensión desestimatoria, puede haber sido falsificado. Por este motivo, el Letrado de la Administración de Justicia lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y se abren diligencias previas en el Juzgado de Instrucción, por un presunto delito de falsedad documental. Arturo, el abogado de la demandante, solicita la suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal. ¿Qué resolución deberá adoptar el Juez?

Durante el transcurso de un proceso civil, Jesús, abogado de la demandada, plantea una cuestión prejudicial que podría tener influencia sobre el fondo del asunto y que, según él, debería ser resuelta previamente por un Juzgado Contencioso administrativo. No obstante, Vicente, el abogado de la demandante, considera que no existe tal cuestión y se opone a que se dé curso a la misma, al no existir un proceso administrativo abierto sobre la controversia planteada y no prever la Ley la suspensión. ¿Qué ocurrirá en el proceso civil?

Lucía, abogada del Colegio de Cádiz, fue designada para defender los intereses de José Luis, beneficiario de justicia gratuita, para interponer una demanda contra una entidad bancaria por una “cláusula suelo”. La entidad bancaria fue condenada al pago de las costas del procedimiento, lo cual hizo efectivo. ¿A quién pertenece el importe de las costas pagadas por el banco?

Yolanda, abogada del Colegio de Málaga, recibe el 18 de abril de 2019 una designación provisional de Turno de Oficio para presentar demanda en nombre de Pedro para reclamar determinadas cantidades. Consta que Pedro presentó la solicitud de justicia gratuita el 14 de enero de 2019, cinco días antes de la prescripción de la acción. ¿Está prescrita la acción?

En una causa penal seguida por delitos de malversación, desobediencia y otros, en fase de investigación, el encausado Ramón decide recusar al juez instructor Rodrigo, por estimar que su imparcialidad está comprometida. Rodrigo considera que esa recusación es una estratagema o fraude procesal dirigido a dilatar el proceso, por lo que inadmite de plano y sin ulterior recurso el incidente de recusación, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Planteada una nulidad de actuaciones por esa decisión, Rodrigo dicta un nuevo auto en el que mantiene su decisión de inadmisión. Ramón pregunta a su abogado si es posible recurrir en amparo constitucional por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a la tutela Judicial efectiva. Su abogado le contesta que:

Rafael, abogado ejerciente en Córdoba, fue designado hace dos años para interponer la demanda de divorcio de Silvia, beneficiaria de justicia gratuita, y no ha realizado ninguna actuación al respecto. Silvia quiere presentar una queja por la inactividad del letrado. ¿A qué órgano compete la tramitación de la queja, según la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita?

Francisco, de nacionalidad española, trabajador de la construcción y residente en el Reino Unido, recibe una oferta de trabajo de Manuel, empresario español con domicilio en Lancaster, quien ha conseguido una concesión de obra pública en la ciudad de Liverpool. El contrato de trabajo se firma en una sede que tiene el empresario en Londres. Como consecuencia de desavenencias con sus trabajadores, Manuel despide disciplinariamente, entre otros, a Francisco. Acuciado por la falta de recursos económicos, Francisco decide abandonar el Reino Unido y volver a España. Una vez allí, le plantea a Ud., abogado, si puede demandar al empresario en España por la extinción del contrato de trabajo, ya que considera injusta la decisión del empleador. Ud. le contesta que:

Eva, abogada, interpone una demanda contra una entidad financiera sin haber hecho requerimiento previo de pago, ni haber intentado mediación ni conciliación. Nada más recibir la demanda, la entidad financiera se allana a todas las pretensiones y consigna voluntariamente la cantidad requerida. ¿A quién deben imponerse las costas de este procedimiento?

A Lorena se le ha dado traslado de la tasación de costas de la parte contraria, que incluye los honorarios del letrado. A continuación, Lorena los impugna al considerarlos excesivos y el Juzgado, tras los trámites oportunos, solicita informe al Colegio de Abogados. Indique si el dictamen de honorarios del Colegio de Abogados es, o no, preceptivo y si vincula al órgano judicial.

En un recurso contencioso-administrativo en el que es preceptiva la intervención de letrado y procurador, el letrado director del procedimiento fallece estando el procedimiento pendiente de dictar sentencia. El recurso contencioso administrativo es estimado y se condena en costas a la Administración demandada. El recurrente, tras conocer la sentencia por notificación del procurador, nombra a un nuevo abogado, el cual presenta escrito solicitando la tasación de costas, aportando minuta detallada conforme establece el artículo 242.3 LEC. El Letrado de la Administración de Justicia rechaza el escrito presentado por el nuevo abogado, aduciendo que este letrado no ha intervenido en el procedimiento y no tiene derecho a solicitar la tasación de costas. ¿Lleva razón el Letrado de la Administración de Justicia?