Test de Materias Comunes — 2020, 1ª Conv.

La Abogada Helena asiste a un cliente, Hernán, en una causa penal en fase de instrucción. En un momento dado Hernán, descontento con los cauces que sigue la instrucción, exige a Helena que recuse al Juez instructor por el motivo que le resulte más plausible, al objeto de apartarlo de la causa o, al menos, retrasar la instrucción. Helena cree que la recusación sería infundada y contraproducente, por lo que le asesora profesionalmente en sentido contrario, pero Hernán la presiona para recuse al Juez. ¿Podría Helena desatender las instrucciones de su cliente?

Rafael y Antonia son dos Abogados que están intentando llegar a una solución extrajudicial para el conflicto que enfrenta a sus clientes. En determinado momento, Rafael ve que el acuerdo es imposible y tiene que presentar la reclamación judicial. ¿Qué debe hacer Rafael?

En el acto del juicio oral de un proceso civil, el Abogado Ernest, al oír la declaración de un testigo de la parte contraria y cómo faltaba claramente a la verdad para engañar al Tribunal, sin pronunciar palabra alguna, comenzó a gesticular llevándose las manos a la cabeza, poniendo los ojos en blanco y dirigiendo miradas al Tribunal para hacer ostensible su desaprobación. ¿Vulneró dicha actuación el Código Deontológico de la Abogacía?

Carlos es Abogado de María y de Juan en un procedimiento penal en el que ambos son acusados de un delito de estafa cometida de común acuerdo, frente a la compañía aseguradora LA PELIGROSA. En este proceso María se ha apropiado de 200.000 €, pero la compañía aseguradora les acusa a ambos de haberse apropiado de la referida cantidad por partes iguales. ¿Puede Carlos ejercer la defensa de María en dicho procedimiento?

El cliente Manuel ha encargado a la Abogada Luisa interponer una reclamación de unas rentas impagadas por un arrendamiento. Una vez presentada la demanda, Manuel no se siente muy contento con el asesoramiento de Luisa y decide consultar el asunto con la Abogada Isabel. En relación con esta situación:

Fernando ha trabajado como Abogado profesional en el despacho de Saturnino durante 13 años. Laura, Abogada y con despacho propio, le ha propuesto a Fernando que se incorpore a su plantilla, siempre y cuando Fernando le revele hechos y datos de clientes de Saturnino:

El Estatuto General de la Abogacía es una norma:

La Magistrada Raquel, en situación de excedencia voluntaria, quiere defender en los tribunales a su padre en un asunto arrendaticio. Pregunta a su amigo Jesús, Abogado, si puede hacerlo y qué requisitos debe cumplir ante el Colegio de Abogados. Jesús le indica que, aparte de los trámites que precise ante el Consejo General del Poder Judicial:

El Abogado Iván, incorporado como ejerciente al Colegio de Abogados de Toledo el 2 de enero de 2019, quiere votar en las elecciones a miembros de junta de gobierno de su colegio que han sido convocadas con fecha 1 de marzo de 2019 y a celebrar el 1 de septiembre de 2019. ¿Puede Iván votar en las elecciones conforme a lo que dispone el Estatuto General de la Abogacía Española?

Beatriz pretende colegiarse por primera vez como Abogada ejerciente y, aunque reside en Valencia y va a establecer allí su despacho, decide hacerlo en el Colegio de Madrid, por ser la cuota mensual más barata. ¿Cómo se resuelve su solicitud de colegiación?

Juan, titular de un despacho individual, asume la defensa de los intereses de Juana en un pleito matrimonial. Para intervenir en las medidas provisionales, Juan delega su actuación en su amiga Maria José, Abogada integrada en un despacho colectivo. ¿A favor de quién se devengarán los honorarios a cargo del cliente por la actuación en las medidas provisionales?

José Luis, Abogado de Patricia, tiene en su poder una cantidad que ésta le ha entregado como depósito y la ingresa en la cuenta del despacho en el que se realizan todos los ingresos y gastos del despacho. ¿Ha actuado correctamente José Luis?

Mario y Julia, Abogados colegiados en el Colegio de León, comparten un piso en la Gran Vía de San Marcos, repartiendo entre los dos los gastos del alquiler, limpieza, electricidad e internet al cincuenta por ciento, dedicándose el primero exclusivamente a asuntos civiles y Julia a temas laborales y contencioso-administrativos. En la entrada del despacho figuran dos placas con el nombre de cada uno. Juan, cliente de Mario, que se ha visto perjudicado por no haber presentado la contestación a una demanda de juicio verbal, encarga a la Abogada Silvia presentar demanda. En caso de ser viable la misma, ¿contra quién debería presentar la demanda?

María va a ejercer la abogacía por cuenta ajena en el despacho de su tío y quiere darse de alta en la Mutualidad General de la Abogacía. ¿Es ello posible?

Mónica ejerce la abogacía, habiendo elegido la afiliación a una Mutualidad de previsión alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para la cobertura de la previsión social. Se pregunta si está incluida en el Sistema Público de Salud, a los efectos de obtener asistencia sanitaria.

El Abogado Alberto, titular de un despacho individual sito en Marbella, recibe de un cliente, Eduardo, funcionario del Ayuntamiento con diez años de antigüedad, el encargo de asesorarle en la compraventa de un local comercial en la Costa del Sol, valorado en 360.000 €, para el que hay que dar una señal de 30.000 € y escriturar en el plazo de un mes. Eduardo manifiesta que quiere invertir sus pequeños ahorros conseguidos con su sueldo de funcionario y necesita pedir una hipoteca a largo plazo para financiar la operación. Alberto contacta con el vendedor, prepara la documentación y gestiona un crédito hipotecario, pero Eduardo paga al comprador los 30.000 € y comunica a Alberto que desista del préstamo, porque abonará al contado y sin necesidad de financiación el resto del precio el mismo día de la firma. ¿Tiene alguna obligación al respecto Alberto, en relación con el blanqueo de capitales?

Marta, Abogada experta en laboral, envía su currículo a directivos y directivas de empresas del sector agropecuario, cuyos datos de contacto ha obtenido a través de sus páginas web corporativas, para ofrecer servicios de asesoramiento a personal directivo. ¿Está legitimada para hacerlo?

El Abogado Francisco de Borja recibe el encargo de tramitar una demanda de responsabilidad extracontractual contra una constructora, por parte de Manuel, peatón que resultó lesionado grave por caída de materiales de la obra cuando paseaba por la calle. Olvidando que la acción prescribía en el plazo de un año desde el accidente, Francisco de Borja dedicó varios meses a estudiar la viabilidad de la acción y a preparar la documentación del caso. Cuando presentó la demanda, la parte contraria invocó la prescripción de la acción, por lo que la Sentencia fue desestimatoria y las costas se impusieron a su cliente. ¿Ha podido cometer Francisco de Borja algún delito?

Carlos, Abogado, presenta una queja en el Colegio de Abogados de Lucena contra su compañera María por haber facilitado al Juzgado copia de la correspondencia mantenida entre ellos. Incoado y tramitado el expediente y antes de la propuesta de resolución, Carlos decide retirar la denuncia y manda un email en tal sentido al Colegio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Colegio?

Los colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma de Galicia organizan una liguilla de fútbol como actividad lúdica. En el partido de la final, que se celebra en Santiago de Compostela, y en un lance del juego, los Abogados Leo y Cristian se enzarzan en una discusión, con intercambio de calificativos que exceden los límites de la libertad de expresión. Al día siguiente, ambos presentan en sus respectivos colegios sendas quejas, poniendo en su conocimiento los hechos. Indique la consideración más correcta:

Pere y Montserrat deciden crear una Sociedad Profesional para el ejercicio de la abogacía, especializada en Violencia de Género. Su actividad es el asesoramiento y defensa en juicio de las mujeres maltratadas. Se plantean si es necesario algún tipo de cobertura de su posible responsabilidad profesional.

Consciente de su obligación de asegurar su responsabilidad civil profesional, el Abogado penalista Daniel acude a una correduría para pedir presupuestos. El Corredor le pregunta qué cantidad quiere que cubra el seguro.

Inmaculada e Iratxe ejercen la abogacía por cuenta propia, la primera especializándose en derecho civil y la segunda en derecho penal. Como tienen una relación de amistad, suscriben un pacto por el cual, en el caso de que recomienden los servicios de la otra a futuros clientes, la beneficiada le pagará a su amiga una comisión si el cliente finalmente contrata sus servicios. ¿El pacto puede cumplirse?

Benito, que ha ganado un procedimiento judicial, recibe de su compañera Fortunata, Abogada de la parte contraria, la suma de 40.000 € como pago del importe de la condena impuesta a su cliente. Antes de entregar a su cliente esta cantidad, Benito deduce de la misma el importe de los honorarios que ya tenía acordados con su cliente. ¿Es correcta la actuación de Benito?

Alberto es Abogado en ejercicio y ha intervenido en un procedimiento en el que su cliente ha sido condenado en costas. La parte contraria ha solicitado la tasación de costas y éstas han sido tasadas por la Letrada de la Administración de Justicia. ¿Qué opciones procesales puede valorar Alberto, en favor de su cliente?

Yolanda inicia su actividad como Abogada por cuenta propia. ¿Qué tratamiento tienen sus beneficios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y qué fiscalidad debe aplicar a las facturas de honorarios en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)?

Juan, Fernando y Ascensión, Abogados, son socios fundadores de la sociedad profesional JUFERAS. Dicha sociedad contrata directamente con los clientes que solicitan los servicios de asistencia jurídica que les serán prestados, individualmente, por cada uno de los tres socios. ¿Deben darse de alta Juan, Fernando y Ascensión en el Impuesto de Actividades Económicas?

El 20 de diciembre de 2019, Rocío denuncia haber sido víctima de una agresión sexual por autor desconocido, en la localidad de Orgaz. El atestado se presenta en el Juzgado de Guardia de Orgaz, nº 1, que lo remite a Decanato para su reparto. El 1 de enero de 2020, en aplicación de las normas provisionales de reparto aprobadas por la Junta de Jueces, el Decanato turna la denuncia al Juzgado nº 3, cuya creación y puesta en funcionamiento tuvo lugar ese mismo día. El 15 de febrero es detenido Adalberto, como supuesto autor del delito y presentado ante el Juzgado nº 3. Su Abogado se plantea si puede impugnar la competencia de dicho Juzgado para instruir la causa, por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley:

Magdalena, auxiliar de la empresa LINGOTERA, S.L., presentó contra ésta una demanda por despido improcedente. El órgano de instancia emplazó a la demandada enviándole una notificación por correo electrónico en una dirección habilitada, pese a que la normativa de la jurisdicción social obliga a hacer el primer emplazamiento en el domicilio de la demandada, que constaba en Autos. LINGOTERA no retiró la citación, no compareció y fue condenada en rebeldía. Tras agotar los recursos jurisdiccionales del orden social y un incidente de nulidad de actuaciones, LINGOTERA nos pregunta si puede acudir con posibilidades de éxito al Tribunal Constitucional en amparo:

El Decano del Colegio de Abogados de Mataró eleva un escrito al Ministerio de Justicia con la petición de que uno de los juzgados de instrucción se transforme en un juzgado de lo social, dada la baja carga de trabajo de los órganos de dicho orden y las necesidades del orden social en el Partido Judicial. ¿Es posible que el gobierno pueda acordar esta transformación?

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla dicta resolución inadmitiendo la interposición de recurso de apelación ante la respectiva Audiencia Provincial. Adolfo, Abogado de la parte recurrente, desea interponer recurso de queja ante la sección correspondiente de la Audiencia. ¿Ante qué Sección y Audiencia deberá interponer el recurso de queja?

John, ciudadano británico residente en Londres, alquila a una empresa domiciliada en el Reino Unido una vivienda sita en la localidad de Benalmádena, con el propósito de residir en ella los dos próximos años. En dicho contrato se contempla una cláusula de sumisión expresa a los tribunales del Reino Unido, con exclusión de los de cualquier otro país. A los pocos meses de habitar la vivienda surgen discrepancias con la arrendadora y John pregunta a su Abogado español si es posible resolverlas en los tribunales españoles o ha de acudir al Reino Unido. Su Abogado le indica que:

La sociedad ALJUBERA, S.L., se encuentra declarada en concurso por el Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid. Vigente el concurso, se produce un apremio de la Seguridad Social por causa de una deuda de la empresa, que da lugar a un embargo administrativo. Ante esta situación Alfredo, Abogado de la concursada, solicita al Juzgado el levantamiento del embargo, lo que éste acuerda, oponiéndose a ello la Administración. ¿Por qué órgano se resolverá este conflicto?

En pleito sobre la validez de una cláusula hipotecaria, el Abogado de la parte demandante plantea ante el Juez de Primera Instancia dudas sobre la interpretación de una normativa comunitaria que considera aplicable al caso. Ante esa cuestión, el Juez de Primera Instancia:

Tras agotar los recursos de derecho interno, el Abogado Gabriel, en defensa de los intereses de Inés, formula una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por carecer su representada de un recurso de apelación contra una Sentencia civil sobre un juicio verbal de cuantía inferior a 3.000 €. Un Juez único, de nacionalidad belga, declara inadmisible la demanda. ¿Es ello posible y cabría algún recurso?

Benedicto es detenido por un supuesto delito de hurto. En dependencias policiales formula una solicitud de habeas corpus por entender la detención injustificada y desproporcionada. El Juez competente, tras oír al Ministerio Fiscal, inadmite a trámite el habeas corpus por estimar que, según el atestado, había indicios claros de la comisión del delito. Benedicto finalmente es asistido de Abogado y puesto en libertad tras declarar en el Juzgado, y pregunta a su Abogado si puede recurrir la decisión de inadmisión a trámite del habeas corpus.

En un proceso por tráfico de drogas, que se encuentra en fase de calificación, la Abogada Estefanía advierte la posible nulidad por falta de motivación del Auto de intervención telefónica, por vulneración del secreto de las comunicaciones. Desea alegar dicha vulneración para que surta los efectos oportunos en el proceso. ¿Cuándo y ante qué órgano podría hacerlo?

Juan Carlos desea demandar a su empleadora, FYLACTERIA, S.A., porque le han modificado sus condiciones laborales, a su juicio indebidamente. Su Abogada Coral le recomienda intentar una mediación con arreglo a la Ley 6/2012 y por ese motivo presenta una solicitud de mediación, designando la institución que desea efectúe la mediación. Dicha solicitud:

PuntoGal, entidad gestora del dominio “.gal”, recibe una reclamación de la empresa Abogados Reunidos, S.L., dado que José, un antiguo Abogado que trabajaba en la firma y que se encargaba de la gestión de la tecnología, al reservar el dominio Abogadosreunidos.gal para la sociedad se puso a sí mismo como contacto registrante, negándose ahora a ceder la claves y/o transferirlo. PuntoGal propone a la empresa reclamante una mediación a través del servicio de mediación del colegio de Abogados de A Coruña, ICACOR Media, con quien tiene un convenio de colaboración. La empresa acepta y el citado servicio envía la invitación a José. ¿Debe éste someterse al procedimiento de mediación?

En el curso de una compleja relación contractual, en la cual se compensan los servicios prestados mutuamente, la empresa ALTAMIRO, S.L. reclama a PATRONIMIC, S.A., una factura impagada de 27.000 €. Después de diversas negociaciones en las que no se llega a un acuerdo, ALTAMIRO presenta un requerimiento extrajudicial por importe de 23.475,20 €, que PATRONIMIC rechaza. Y entonces ALTAMIRO presenta una demanda civil contra PATRONIMIC en la que reclama la suma de 27.000 € con intereses moratorios desde el impago de la factura. El Administrador de PATRONIMIC, dada la dificultad probatoria de sus objeciones a la factura, pregunta a su Abogado si podría alegar alguna causa legal para que la reclamación se reduzca a la suma del requerimiento inicial:

El Abogado Willie, que defiende a un cliente en un pleito civil sobre responsabilidad extracontractual cuya cuantía es de 12.000 €, se entera por un compañero de que el Juez de instancia tiene criterios jurídicos que no favorecen su pretensión. Con la finalidad de apartarle del asunto y sin fundamento alguno, formula una recusación contra él afirmando haber tenido conocimiento extraprocesal de que tiene relaciones sentimentales con la Abogada de la parte demandada. En el incidente de recusación, que es rechazado, el Juez informa que tal hecho es falso y reprocha al recusante que se base en meros rumores. De nuevo Willie presenta una recusación contra el Juez, esta vez por enemistad manifiesta, basándose en los términos del informe de recusación. El Juez:

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho:

El Abogado Juan asume la dirección de un pleito civil en el que ya se celebró una audiencia previa. Al examinar los Autos comprueba que, por problemas técnicos, la vista no fue objeto de grabación y que se celebró sin la preceptiva intervención del Letrado de la Administración de Justicia. A la vista de tal situación, Juan:

La sociedad CONSTRUCCIONES ARGIMIRO, SL, presenta una demanda civil en reclamación de 5.000 € contra el matrimonio formado por Juana y Francisco, por el impago de las obras de reforma de su vivienda. En la contestación a la demanda, Juana y Francisco presentan un documento supuestamente firmado por el anterior administrador de la sociedad, el difunto Argimiro Rodríguez, en el que reconoce haber percibido 2.500 € y renuncia al cobro del resto de la factura por existir defectos en la ejecución de la obra. Los nuevos administradores se querellan por falsedad contra Juana y Francisco y un juzgado de instrucción incoa unas diligencias penales. Acreditada por las partes la admisión de la querella y la incoación del proceso penal el tribunal civil:

En un proceso civil, la parte demandada aporta un documento que el demandante sospecha que es falso. El demandante presenta una querella, que es admitida y pide al tribunal civil que suspenda el pleito mientras se resuelve el proceso penal. El Tribunal civil decide, mediante la resolución correspondiente, no suspender el curso de las actuaciones. ¿Qué recurso podría interponer el demandante contra esta decisión?

La Abogada Carla asiste a Miroslaw, de nacionalidad polaca, en unas diligencias urgentes de juicio rápido, por designación del turno de oficio. Al tener claro que Miroslaw es una persona de recursos escasos, le insta a que firme la solicitud para tramitar la asistencia jurídica gratuita, pero Miroslaw, por desconfianza, rehúsa firmar la misma. ¿Qué puede hacer Carla para que se tramite la petición?

Inmaculada, Abogada incorporada al turno de oficio del Colegio de Zamora, recibió una designación de un beneficiario de justicia gratuita para interponer demanda por una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Inmaculada presentó demanda reclamando una indemnización por daños morales de 500.000 €. Dictada Sentencia, se estima la demanda, fijando la indemnización en 30.000 €, sin condena en costas. Inmaculada y el Perito que actuó en el pleito a instancia del cliente de Inmaculada, calculan las minutas de sus honorarios, que ascienden en total a 13.500 €. ¿Pueden Inmaculada y el Perito reclamar sus honorarios al beneficiario de justicia gratuita?

El Abogado designado en el turno de oficio puede excusar su intervención profesional:

En el procedimiento seguido contra José María, beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita, por delito de violencia de género, se persona en trámite de calificación su pareja, Laura. La acusación particular reproduce sustancialmente el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y pide la imposición de las costas procesales causadas a su instancia. La defensa de José María reconoce los hechos, pero pide que en Sentencia se impongan las costas a la acusación particular, por su temeridad y mala fe. La Sentencia, que condena a José María:

Elena, administradora única de OLIVOS, S.L., acude al despacho de Martina, Abogada de profesión, y le plantea la posibilidad de presentar una demanda por incumplimiento contractual contra KAMPINAS, S.A., por importe de treinta millones de euros. La situación económico financiera de OLIVOS, S.L., no es buena y Elena le advierte a Martina que no dispone de la tesorería suficiente para abonar sus honorarios en este momento, pero que, en cambio, en el caso de que la demanda sea estimada, abonará a Martina el veinticinco por ciento del importe que cobre de KAMPINAS, S.A. ¿Puede aceptar Martina la proposición de honorarios que le hace Elena en representación de OLIVOS, S.L.?